Las personas con discapacidad y el empleo

laguna.

El empleo de personas con discapacidad, y la legislación que lo regula, es uno de los temas que más nos preocupa a aquellos que formamos parte de este colectivo. Han pasado más de 30 años del modelo existente y a pesar de los avances conseguidos, siguen existiendo muestras de exclusión y diferencias en el acceso al empleo, no cumpliéndose aquello por lo que tanto aboga nuestra ley, la inclusión.

Según los últimos datos actualizados (INE 2013), en España hay 1.428.300 personas con discapacidad en edad laboral, lo que representa más del 4,7% del total de la población en esta etapa. Solo el 37,4% de personas que poseen el certificado de discapacidad son población activa, reduciéndose la tasa de actividad casi 40 puntos por debajo con respecto a la población sin discapacidad.

Encontramos diversos factores que dificultan la inclusión laboral de personas con discapacidad. Si nos situamos desde el punto de vista de las empresas, según el informe de Directivos y Responsabilidad corporativa, realizado por la Fundación Adecco, un 70% de las compañías encuentran obstáculos para contratar a personas con discapacidad. Su gran desconocimiento en el trabajo con este perfil de trabajador unido la imagen de las personas con discapacidad aun socialmente estigmatizada hace más difícil su inclusión.

Desde el punto de vista de las personas con discapacidad, un factor que puede contribuir a que se mantenga esa tasa elevada en el desempleo es su escasa cualificación. Una tercera parte de las personas de discapacidad de edades comprendidas entre 25 y 44 años no terminó la etapa de educación primaria y solo un 18% alcanza un nivel educativo superior. Solo un 1,3% de universitarios tienen algún grado de discapacidad.

Una de los métodos que hasta ahora han dado mejores resultados para la integración de las personas con discapacidad fue el desarrollado a través de la Ley de integración social del minusválido (LISMI) de 1982, haciendo surgir los Centros Especiales de Empleo y mejorando la situación del trabajador con discapacidad.

Los Centros Especiales de empleo cuentan con servicios de ajuste personal y social tales como rehabilitación, terapias, integración social, cultural y deportiva, que constituyen una de las claves para la inclusión laboral de personas con discapacidad y para una mejor adaptación social.

Cuando hablamos de ajuste personal nos referimos a alcanzar la funcionalidad en actividades propias de una personalidad los más normalizada posible tanto a nivel físico como intelectual. Desarrollo de pautas y técnicas para mejorar las habilidades sociales que faciliten su inserción social y que permitan superar aquellas barreras que puedan manifestar los trabajadores con discapacidad en su incorporación a un puesto de trabajo.

Es en este punto, donde el Centro Especial de Empleo muestra su doble función. Por una parte el Centro Especial de Empleo es una empresa que debe lograr el éxito en su actividad, ofreciendo productos y servicios que compitan en un mercado libre y abierto. Por otro lado tiene un carácter social destacado, al ofrecer oportunidades, desarrollar y mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. En este sentido, se ha llegado a presentar a los centros especiales de empleo como un eslabón más en la cadena de los servicios sociales, función que recogió la Ley de Economía social donde se incluyen a los CEE como entidades de Economía Social.

Por último y no menos importante hay una función de los centros Especiales de Empleo que consiste en la normalización de la actividad laboral de las personas con discapacidad. Las actividades principales que desarrollan los Centros Especiales de Empleo (CEE) son las correspondientes al sector servicios. En muchos casos estas actividades se realizan en las instalaciones de los propios clientes, e incluso, se desarrollan mediante técnicas de colaboración entre empresas ordinarias y CEEs a través de enclaves laborales o empleo con apoyo a las empresas. Esto hace que en las empresas se mantenga un contacto con trabajadores con discapacidad que permiten ir reduciendo esas reticencias a la contratación de personal con discapacidad, normalizando su incorporación al mercado laboral, realizando la prestación de servicios o elaboración de productos con un alto nivel de calidad.

Pero más allá de la función social de los Centros Especiales de Empleo, éstos se han constituido como una fórmula eficaz de integración laboral, dando empleo al 20% de las personas con discapacidad que están trabajando. Actualmente en España existen 2.215 CEEs con un una plantilla de 71.815 trabajadores, lo que supone el 0,4% de la población activa de España.

Para determinados grados de empleabilidad, los centros especiales de empleo son un fin en sí mismo y pueden ofrecer a estas personas lugares productivos, eficientes y estimulantes en los que trabajar. La existencia de un objetivo explicito en materia de transición contribuye a perpetuar la idea equivocada de que el empleo ordinario es siempre una opción mejor para las personas que los centros Especiales de Empleo.

La mejora de la empleabilidad de las personas debería de ser un objetivo de los centros especiales de empleo, más que la mera transición al empleo ordinario.

Desde un punto de vista económico, tal y como señala la propia Estrategia Española sobre discapacidad 2012-2020, los CEEs se muestran como un instrumento efectivo, capaz y eficiente, que además contribuye a un ahorro tangible en términos de sanidad, prestaciones y servicios sociales. Estudios recientes concluyen que cada euro invertido en los Centros Especiales de Empleo tiene un retorno a la sociedad de 1,47 €.

Si bien después de tres décadas, la legislación relacionada con el empleo de las personas con discapacidad necesita ser renovada teniendo en cuenta el contexto socioeconómico actual, no debemos olvidar que debería ser un cambio que tenga presente los modelos de éxito que hasta ahora han funcionado en materia de empleo para las personas con discapacidad.