Inclusión & Empleo

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Personas en riesgo de exclusión social

Derechos laborales

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Para evitar que el proceso de vulnerabilidad aumente así como el aislamiento y la exclusión se proporcionan a través del estado una serie de ayudas que conduzcan a la integración. Es un sistema de prestaciones económicas que tienen una serie de requisitos específicos. Cada Comunidad Autónoma establece requisitos para obtener dichas ayudas económicas, así como nombres específicos.

A su vez, se han instaurado una serie de bonificaciones para las empresas con el objetivo de fomentar la contratación de las personas en riesgo de exclusión.

Para que un contrato pueda ser bonificado porque el trabajador está en situación de exclusión social es necesario que el trabajador presente su acreditación de exclusión social expedida por los servicios sociales competentes. Es imprescindible que en la acreditación se especifique la pertenencia a uno de estos colectivos:

A) Perceptor de Rentas Mínimas de Inserción o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas.

B) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:

Falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Preceptora.
Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.

C) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

D) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.

E) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos.

F) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobada en el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos.

G) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

H) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Más información sobre las diferentes ayudas en: Servicios sociales y/o en las consejerías de servicios sociales