Inclusión & Empleo

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Personas con discapacidad

Derechos laborales

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Desde la propia Constitución Española se resguardan los derechos de las personas con discapacidad (art.49):

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.”

Al hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad nos tenemos que detener en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada el 13 de diciembre de 2006 y su ratificación por España el 3 de mayo de 2008, dando lugar a la creación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se establece Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión social.

El artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación. Así mismo, en su art. 37, establece los tipos empleo en los que pueden ejercer este derecho, que son:

  1. Empleo ordinario: empresas y administraciones públicas, incluidos los servicios de empleo con apoyo
  2. Empleo protegido: centros especiales de empleo y enclaves laborales.
  3. Empleo autónomo.

Empleo ordinario

Son entidades conformadas básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio

Las empresas públicas y privadas que empleen a un número personas que exceda de 50, estarán obligadas a que al menos el 2% sean personas trabajadoras con discapacidad en empresas privadas y un 3% las empresas públicas (art.42. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).

Respecto a los servicios de apoyo, según el art. 41 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, son identificadas como “el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes”

Empleo protegido

Centros Especiales de Empleo:

El objetivo de los Centros Especiales de Empleo, según el art.43 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se basa en la realización de una actividad productiva de bienes o de servicios, asegurando un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad. Estos servicios son “los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva.

Así mismo, la plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla.

Enclaves Laborales:

Los enclaves laborales tienen por objetivo de facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mismo (art.46 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social)

De manera excepcional, el cupo de reserva de obligado cumplimiento por parte de las empresas públicas y privadas, puede ser satisfecho a través de las medidas alternativas recogidas en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. Según su art.1, se entiende por enclave laboral “el contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un centro especial de empleo para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora”

Trabajadores destinados al enclave:

El número mínimo de trabajadores del enclave es de cinco, si la plantilla de la empresa colaboradora es de cincuenta o más trabajadores, o de tres si dicha plantilla es inferior.
El Real Decreto exige que al menos el 60 por 100 de los trabajadores del enclave presenten especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo, considerando que concurre esta circunstancia en las siguientes personas:

  • Personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100.
  • Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.
  • Mujeres con discapacidad, no incluidas en los apartados anteriores con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100. En este el caso el porcentaje del 60 por ciento mencionado anteriormente se reduce al 50 por ciento.

Empleo autónomo

Atendiendo al art. 47 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, los poderes públicos, , adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo de personas con discapacidad dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia, o a través de entidades de la economía social, de acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) informa de las siguientes ayudas:

  • Ayudas de las CCAA
  • Bonificaciones/Reducciones a la Seguridad Social a Autónomos
  • Reducción de las cotizaciones: tarifa plana
  • Compatibiliza tu prestación
  • Capitaliza tu prestación
  • Cese de la actividad

Para más información…

http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas.

Otras ayudas.

Al margen de las opciones de empleo anteriormente explicadas, hacemos referencia a los Centros Ocupacionales, como entidades cuya finalidad es “asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad, cuando por el grado de su discapacidad no puedan integrarse en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo. Los Centros Ocupacionales no tendrán, en ningún caso, carácter de centros de trabajo para personas con discapacidad sujetos de este servicio social” (según Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, se regulan los Centros Ocupacionales).